Los datos confirman que esta etapa de la vida no está exenta de IVE : en 2024, en la Comunidad de Madrid se realizaron unos 1.759 abortos entre mujeres de 16 a 19 años, según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Además, hubo 32 casos en menores de 16 años, lo que da una idea de que casi una de cada diez IVE corresponde a adolescentes menores de 20 años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes se enmarcan en una realidad más amplia: Madrid figura entre las comunidades con tasas de aborto comparables a la media alta del país, aunque la prestación se concentra casi exclusivamente en clínicas privadas . Este efecto es difícil medirlo solo con cifra, y es que el estigma social sigue pesando en las trayectorias vitales de las adolescentes, y en Madrid se alimenta tanto por la falta de acceso público efectivo como por una narrativa política y mediática que, en la práctica, invisibiliza la IVE como prestación sanitaria cotidiana. 

 

 

 

 

 

En Madrid, abortar es legal. Pero casi nunca es público.

 

 

 

 

Aunque la ley reconoce la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como una prestación garantizada del Sistema Nacional de Salud, la realidad dibuja un escenario radicalmente distinto: menos del 1% de las IVE se realiza en hospitales públicos . El resto se deriva a clínicas privadas . Esto no es una excepción ni una anomalía coyuntural: es un modelo estructural. 

 

Nos remitimos a los datos: en la Comunidad de Madrid, en 2024 se notificó al 21.013 IVE, de las cuales, el 18.081 corresponden a mujeres residentes. Menos del 1% de estas intervenciones se realizaron en hospitales públicos (0,48%), mientras que el 99,52% se realizó en clínicas privadas. 

 

Sobre el papel, nada de esto debería ocurrir: la Ley Orgánica 2/2010, reforzada por la reforma de 2023, reconoce la IVE como una prestación más de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y obliga a garantizarla en la sanidad pública. En la práctica, la Comunidad de Madrid ha consolidado un sistema en el que el aborto figura como servicio público, pero se ejecuta en centros privados acreditados. 

 

Si se comparan los datos de Madrid con el resto de comunidades autónomas, la anomalía se vuelve más nítida. En Cantabria, el 88,5% de las IVE se realiza en hospitales públicos; en Galicia, el 77%; en La Rioja, el 761%; en Navarra, el 74,8%; en Cataluña, el 55,1%. Frente a esta cifra, Madrid, apenas llega al 0,48%, situándose junto a comunidades donde la presencia del aborto en hospitales públicos es testimonial (Murcia con 0,9% y Andalucía con 0,2%) o directamente inexistente (como en Extremadura, Ceuta y Melilla, donde la prestación pública es nula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este escenario, resulta inevitable plantearse la cuestión que muchas voces se formulan:

 

 

 

¿Existe una vinculación directa entre la externalización de la IVE y los gobiernos de derechas?